Como hasta donde yo sé, no hay una fundación Pro bono, cuyos abogados altruistas dediquen parte de su tiempo a defender gratuitamente a ministros de las acusaciones constitucionales, consulté a varios abogados ¿Cuánto estará cobrando el destacado abogado Francisco Cox, al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por defenderlo ante el parlamento en la acusación constitucional en su contra?
Por
supuesto ningún jurisconsulto me contestó, parece que es de mal gusto y contrario
a la solidaridad y probidad gremial referirse a las tarifas que cobran sus
colegas, casi un secreto de Estado, so pena de ser pasado ante el tribunal de ética
del Colegio profesional.
Lo
más probable es que la acusación constitucional será rechazada y el ministro
Ávila se muestre con una sonrisa satisfactoria al final del día, pero en la
intimidad de su hogar, como el costo de
su abogado defensor recae no en las rentas generales de las arcas fiscales,
sino en sus rentas particulares o sea en el bolsillo del modesto profesor de
Estado, la sonrisa se le esfumara pronto cuando se dé cuenta que quedó encalillado, y si bien el sueldo de ministro acaso le sirvió para adelantar el pago de créditos de consumo, pensará, seriamente, pedir uno más.
Y
eso que el ministro Avila es una persona de gustos sencillos, cosa de ver su ropero,
usa a menudo un tradicional vestón entre celeste y turquesa, liquidación de temporada
en el retail, en contraposición a las exclusivas corbatas de seda del ministro
Marcel.
Para
que algo así no vuelva a ocurrir, como también para evitar que se presenten
acusaciones constitucionales sin mayor fundamento, el proceso de las acusaciones
constitucionales debería incluir una norma que señale, expresamente, que en
caso de rechazarse la acusación constitucional los parlamentarios acusadores
serán condenados al pago de costas de los abogados defensores.
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