Acabo de leer un artículo que menciona el libro “Sin legalidad, no hay libertad”, del jurista italiano Piero Calamandrei, título que me recordó la crisis social de octubre del año pasado.
Con el bono de la clase media que solicitaron varios miles de personas que no lo merecían puede ocurrir igual que con el vandalismo y la violencia social, se justifique dicho actuar con que ejercieron su derecho a recuperar en parte lo que el Estado por años le negó; que los empresarios desvían o no pagan impuestos y nadie se asombra o que fue la espontánea respuesta de la calle al abandono en que por 30 años se encuentra la clase media, que se acentuó en el actual gobierno que prometió ser el gobierno de la clase media lo que, por cierto, no cumplió.
Al respecto, un ex
seremi de economía de Magallanes dijo “no quiero justificar a nadie pero el
sistema era vulnerable y precario, el Colegio de Contadores lo advirtió en su
momento y aquí están las consecuencias”, lo que es como validar aquello
de inventa lege, inventa fraude (hecha la ley, hecha la trampa).
Aunque en su momento
la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) comunicó que el bono de la
clase media no era aplicable a los funcionarios públicos, hubo más de 37 mil
funcionarios que lo solicitaron y obtuvieron sin reunir los requisitos. El
gobierno investigará si falsearon los datos de sus remuneraciones, la
dirigencia ANEF, por su parte, debiera evaluar si la retroalimentación con sus
agremiados es la adecuada porque, mientras no sea llamados a paros y
protestas, no estaría siendo bien escuchada.
La situación es
delicada ya que con su apoyo a las movilizaciones sociales y con la
pandemia, la función pública estaba siendo un poco más reconocida, se
corre el riesgo de volver al tradicional desprestigio y
oprobio social.
Ahora bien, si de
verdad el sistema era permeable, los funcionarios públicos que se aprovecharon
estarían exculpados, no vamos a decir que tendrían patente de corso para
defraudar, pero sí la tradicional picardía chilena.
En caso de buscar
culpables, estos estarían en el gobierno, porque solo en una mente demoníaca
cabe andar tentando a los funcionarios, más en aún en tiempos de
pandemia, en que nadie está para vestir de santo, ni trabajar pro bono (por el bien público), aunque
con esto de la cuarentena sea a distancia. Pero, sobre todo, como nos enseñó
Carlos Monsivais: “cuán fácil es mantener la virtud, si nadie nos asedia como
es debido”.
Como no se trata de
ser chovinista, ello vale no solo para nuestro país, en el reciente debate
presidencial de Estados el Presidente Trump, interrogado por su exigua
declaración tributaria federal de 750 dólares en el periodo
2016-2017, respondió que pagó “millones de dólares” sin precisar la cifra "Déjame decir
algo: esto se hizo con base a las leyes. Antes de llegar aquí, yo era un
empresario privado. Como cualquier empresario privado, a menos que
sea estúpido, se usan las leyes”, agregó Trump.
El hecho refleja que hay sectores de la población que buscan sacar provecho del sistema de cualquier manera y falsear datos en la documentación, pareciera estar dentro de las posibilidades, si se desea conseguir algo; un beneficio, una ayuda económica o social. Esa es una forma de relación en el sistema de mercado.
ResponderEliminarEn cuanto al fondo, los valores y principios que regulan el comportamiento social han perdido la brújula de lo que es correcto. Se ha dejado de mirar y pensar en el prójimo, como un semejante; en vez de ello, se quiere saciar la necesidad personal, cualquiera sea, simplemente porque se cree tener el derecho a hacerlo, sin importar lo que es la rectitud, el decoro. El individualismo, campea, y da para todo.
Para arreglar este entuerto y volver a confiar en la función pública, aceptaría de buena gana que los funcionarios que cobraron el bono lo devolvieran o reintegraran al Fisco; y si se niegan, habrá que aplicar sanciones administrativas y judiciales, según corresponda. El bono no era para ellos, porque han continuado recibiendo su remuneración, aún cuando no le alcance; pero esto es otra cosa.