Justicia sanitaria

Nunca antes administrar justicia cambió tan de repente, hasta la implementación de la reforma procesal penal fue gradual, pero producto de la pandemia y la cuarentena los juicios ya no se hacen de modo presencial, sino de manera digital.

La necesaria proximidad que el juez debe tener con el acusado, ahora es intermediada por una pantalla de notebook, el espacio físico del tribunal se redujo a, por lo general, no más de 15 pulgadas carente de toda ritualidad.

Fiscal, defensor y juez pueden estar sin pantalón, con slip o bóxer, a pie descalzo, con calcetines o a pata pelada, eso sí con saco, camisa y corbata. En lugar del tradicional golpe de martillo para iniciar y terminar la audiencia, ahora es el vulgar click del ratón.

Para evitar caer en lo anterior algunos tribunales reagendaron juicios para varios meses más, como  el imputado debe ser juzgado en un tiempo prudente, la fecha suena casi al Día del Juicio Final, lo cual, por economía procesal, tiene sus ventajas se puede acumular la investigación de sus delitos, con la de sus pecados; el erario nacional  se ahorrará  los gastos del tribunal y las costas de fiscales y defensores, porque solo bastará la presencia del Dios omnipotente y polifuncional, que, como nadie va a misa, ni entrega limosna, menos el diezmo, hoy sale gratis.

Como el azote de la peste no pega igual en todo el país, se exploró poder realizar juicios presenciales en algunos tribunales, pero iría contra la igualdad ante la ley, no se vería bien para seriedad y coherencia del poder judicial que subsistan dos formas de juzgamientos, porque mientras en una región habrá juicios virtuales, en otras habrá presenciales; aunque de hecho en el país, sí hay dos sistemas judiciales vigentes porque todavía persiste el antiguo sistema inquisitivo, parcial y secreto para procesar a los violadores de Derechos Humanos.

Pero donde más hoy corre peligro la justicia es que se traspasen concepciones sanitarias al lenguaje jurídico y se vulnere, por ejemplo, la presunción de inocencia, porque si se adopta como norma en estrado que lo probable y sospechoso es ya culpabilidad, como de hecho está haciendo el sistema sanitario con incorporar al conteo de personas fallecidas por Covid-19, a los que murieron sin tener una prueba o examen alguno que padecían la enfermedad; bien pudiera un juez aséptico, que siempre soñó ser médico, ponerse guantes, mascarillas y considerar que todo sospechoso, por el solo hecho de serlo, es culpable de un delito, sin tomar en cuenta que no hay más pruebas que lo inculpen, en lugar del in dubio pro reo, regiría la pura tincada judicial. La cárcel se repletaría de inocentes presos, si acaso, ya no lo está.

Sin embargo, lo anterior no solo corre para el  juez del tribunal, sino también para el árbitro de fútbol, porque perderá sentido lo de “ante la duda abstente”.